Ituassu

Salvo por los documentos de Naciones Unidas, los comunicados de la OEA y los pronunciamientos oficiales en los países interventores que continúan reivindicando la misión militar de la ONU en Haití, los informes de organizaciones no gubernamentales internacionales y la mayoría de observadores independientes coinciden en resaltar el fracaso de la intervención internacional en la isla.
    Esta operación—de la que son parte Argentina y Brasil—comenzó en junio de 2004 con el despliegue de 6.700 soldados y 1622 policías y se incrementó, en 2005, a 7.500 y 1.897 respectivamente. Sin embargo, no sólo no ha logrado superar el caos previo al derrocamiento forzado del Presidente Juan-Bertrand Aristide, sino que posiblemente haya contribuido, más allá de las benévolas intenciones de los estados intervencionistas, a agudizarlo. La denominación de “failed state” (estado fallido) que ha recibido Haití no se alteró en los dos años de intervención colectiva; las tropas en Haití no han podido estabilizar el Estado, pacificar el país, reconciliar la sociedad, confortar la nación y garantizar el territorio. 

La población haitiana no se ha desarmado (grupos paramilitares siguen fuertemente pertrechados), no existe un mínimo clima de convivencia (la polarización entre fuerzas pro- y anti-Aristide se mantiene), la violencia política ha aumentado (en el último año se han producido más de 1.500 asesinatos con fines políticos), el secuestro ha proliferado (convirtiéndose en una empresa rentable), las condiciones socio-económicas continúan deplorables (de los US $ 1.085 millones de dólares prometidos por los países donantes, varios cientos de millones no se han desembolsado), la fragilidad institucional es elocuente (se ha pospuesto cuatro veces la fecha electoral) y la criminalidad organizada sigue floreciendo (aproximadamente un quinto de la cocaína colombiana pasa por Haití antes de llegar a Estados Unidos). En medio de este escenario, un estudio sobre Haití de junio de 2005 del Fondo Monetario Internacional recomendó ejecutar una programa de “reformas estructurales” como alternativa para recomponer la economía en la isla: para el FMI la mejor opción para fortalecer estructural e institucionalmente al Estado es realizar más ajustes en el paupérrimo país.  

    Al iniciarse 2006 el gobierno haitiano ha indicado que el próximo 7 de febrero se efectuarán los comicios originalmente programados para el pasado 13 de noviembre. Un total de 35 candidatos presidenciales y unos 1.300 aspirantes parlamentarios se disputarán el ejecutivo y 129 asientos en el legislativo. Sin embargo, nada augura que esas elecciones produzcan un nuevo sistema político, aseguren la protección de los derechos humanos y signifiquen el comienzo de una democracia vigorosa. Y, tal como ocurrió en febrero de 2004 cuando Aristide fue expulsado por la fuerza y el espectro de más violencia parecía cernirse sobre Haití, surgirá de nuevo el clamor internacional de “hacer algo” por el sufrido país caribeño.

    En ese momento, el dilema de América Latina, en general, y de Argentina, en particular, será aún más categórico: conviene recordar que 9 países del área (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay) contribuyen con unos 3.500 efectivos al total de tropas estacionadas en Haití. La encrucijada, en breve, será retirarse durante 2006 (una vez se instale el nuevo gobierno y comience sus primeros pasos) o permanecer allí por varios años, con más soldados y nuevas tareas.

Esa disyuntiva estará, seguramente, acompañada de presiones de Washington, de gestiones del secretario general de la ONU, de pedidos de Francia y de debates en la OEA para que más países del hemisferio se comprometan con Haití durante un largo plazo. Los ya involucrados en la actual intervención no desearán aparecer como desertores, no podrán cuestionar la ineficacia de la ONU en este caso y se ajustarán a las invocaciones internacionales por la democracia en la isla. En realidad, los gobiernos de estos países no saben cómo marcharse de Haití porque nunca tuvieron claro para qué ingresaron.

    El dilema, sin embargo, sólo es aparente ya que en los países de Latinoamérica no parece existir voluntad política de reconocer el estropicio aumentado que produjo la intervención militar en Haití, para asumir diplomáticamente la parte de responsabilidad que les cabe y para salir militarmente de la isla. No es indecoroso sacar los soldados de Haití; sí lo es dejarlos allí después de este fiasco, máxime cuando en los países interventores se vienen gestando, en los niveles local, municipal y regional, situaciones similares a la que se presenta nacionalmente en Haití. Además, es bueno recordar lo que la tradición liberal clásica del siglo XIX, a diferencia de la perspectiva liberal moderna del siglo XX enseñaba: la democracia y los derechos humanos no pueden ni deben imponerse, sino que cada colectivo político los logrará, nutrirá y consolidará.

    Probablemente se contemple entonces el establecimiento de un neo-protectorado en Haití. Es posible que no se use ese término por lo odioso que resulta. Sin embargo, los capítulos XI, XII y XIII de la carta de Naciones Unidas que hacen referencia a los “territorios no autónomos” (pueblos sin pleno gobierno propio) así como a los “territorios fideicometidos” (bajo administración fiduciaria), abren un espacio para recrear aquella figura protectora. La aspiración sería instaurar un esquema prolongado de administración internacional de la isla: se pretenderá edificar un Estado cimentado, en oposición a un Estado colapsado, a través de múltiples labores administrativas, técnicas, materiales, jurídicas y políticas a cargo de un conjunto de naciones (y con apoyo de algunas ONGs provenientes de naciones industrializadas) con aportes de distintos gobiernos y entidades. La idea resultaría atractiva para estados movidos por la lógica de la realpolitik y para organizaciones motivadas por una racionalidad altruista. Esta nueva forma de protectorado tendría, no obstante, consecuencias inquietantes y ominosas: se instauraría un reordenamiento global fuertemente jerárquico, discriminatorio y abusivo, mientras la desigualdad plena remplazaría la igualdad formal entre los estados.

    Latinoamérica debe ser al menos consciente de la caja de Pandora que se estaría abriendo con el caso de Haití. Ya hemos aceptado una excepción delicada al principio de no-intervención y hemos admitido, de facto, que la soberanía es relativamente irrelevante. Podríamos encontrarnos ad portas de un viraje aún más drástico consistente en legitimar un sistema internacional sustentado en una especie de inequidad natural entre estados, pueblos, culturas y civilizaciones y en el que, en nombre de un presunto intervensionismo humanitario, se estructure un proyecto imperial encubierto.